Cerca de quinientos mil venezolanos en Estados Unidos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) y su futuro está en manos de los tribunales. El pasado cinco de octubre, la Corte Suprema anuló la sentencia del Noveno Circuito que había protegido a los beneficiarios y devolvió el caso a ese tribunal para que lo reexamine.
La orden se conoce como «conceder, anular y devolver»: el máximo tribunal no decidió si la terminación del TPS venezolano es legal o no, pero ordenó aplicar el precedente del caso Mullin contra Doe, decidido en junio, que limitó la capacidad de los jueces para revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre la terminación de este programa. En la práctica, el nuevo análisis parte de un estándar mucho más difícil para los venezolanos.
Por eso noviembre puede ser decisivo: está previsto que venza la suspensión judicial que ha mantenido en pausa los efectos de la terminación, y el Gobierno busca prolongarla. La Alianza Nacional TPS presentó el quince de octubre un escrito oponiéndose a esa prórroga; si la suspensión no se extiende, el estatus de los beneficiarios se restablecería mientras se resuelve la apelación.
Según la activista Adelys Ferro, de la Alianza Nacional TPS, ya son unos treinta y cinco mil los venezolanos deportados en medio de esta incertidumbre, mientras cientos de miles de familias viven pendientes de cada decisión judicial.
La recomendación de los expertos es clara: mantener los documentos en orden, no dejar vencer ningún plazo y buscar asesoría legal desde ahora, porque la decisión que venga definirá si el TPS se mantiene o se acaba.
En el video que acompaña esta nota, Carlos Almarza, de Primicia Informativa TV, explica qué viene en noviembre y por qué este mes es decisivo.
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