En declaraciones a La Nación, reproducidas por Diario de Actualidad, Reyes explicó que la salida voluntaria no tiene que ser la primera opción y que el fin del TPS tampoco anula automáticamente una solicitud de asilo pendiente (formulario I-589), aunque un trámite en curso no equivale a estatus legal ni garantiza protección absoluta contra una deportación.

Los más expuestos, advirtió, son quienes solo tenían el TPS: pueden quedar sujetos a procedimientos de deportación y pierden la autorización de empleo basada en ese beneficio. También están en mayor riesgo quienes tienen órdenes previas de deportación, procesos activos en la Corte de Inmigración, antecedentes penales o peticiones denegadas.

El contexto es el vencimiento, el pasado 2 de octubre, de la autorización de empleo y de los documentos que una orden judicial había preservado para parte de los beneficiarios, en medio de un litigio que continúa en apelación. La designación de 2021 ya había terminado el 7 de noviembre de 2025, según los avisos oficiales de USCIS y del Federal Register.

Las opciones que recomienda evaluar —según cómo entró cada persona al país, su historial migratorio y sus vínculos familiares— incluyen el asilo, las peticiones familiares, las visas de empleo, las visas U y T y la protección bajo VAWA, además de mantener actualizada la dirección de residencia ante USCIS. Esta información es general y no sustituye la asesoría de un abogado de inmigración.

¿Tú o alguien de tu familia perdió el TPS? ¿Ya revisaron sus opciones? Te leo en los comentarios.