Un gran jurado del condado de Harris, en el Tribunal de Distrito 174, imputó este viernes 30 de octubre al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Mario Alberto Morales, de 33 años y oriundo de Brownsville, Texas, por agresión agravada en segundo grado con un arma mortal: su propio vehículo.
Los hechos ocurrieron el 10 de octubre, cerca de las 7:30 de la mañana, en un estacionamiento de la cuadra 16200 de Clay Road, junto a la carretera Texas 6, en el noroeste de Houston. Morales conducía un Jeep Grand Cherokee 2025 sin distintivos durante un operativo e intervino la camioneta que manejaba Miguel Parra Hernández, un mexicano de 48 años, residente en Estados Unidos desde hace más de 30 años y trabajador de la construcción.
Parra y su acompañante huyeron a pie. Según la fiscalía del fiscal de distrito Sean Teare, el video de vigilancia muestra a Morales cruzando un camellón y embistiendo a Parra, pasándole por encima de ambas piernas: una de ellas se fracturó en tres partes.
Parra sigue hospitalizado en un centro de rehabilitación, bajo custodia federal. La fiscalía subrayó que no tenía antecedentes penales, ni orden de deportación ni procesos migratorios pendientes.
El objetivo del operativo era otro hombre: ICE lo identificó como José Mendoza-Cervantes, pero su familia asegura que su verdadero nombre era José Héctor Jiménez y que murió en 2017. La fiscalía afirma que no halló evidencia de que Parra viajara con él.
La fiscalía hizo públicos este viernes el video de vigilancia, las imágenes de la cámara corporal del agente y el audio de su llamada al 911.
ICE calificó la imputación de «montaje político», sostiene que Parra se cruzó frente al vehículo, tacha de «imprudentes y falsas» las acusaciones de atropello intencional y niega que las autoridades locales tengan facultad para investigar a agentes federales en funciones. El abogado de Morales, David Lindenmuth, sostiene que su cliente no cometió ningún delito.
Morales, contratado por ICE en agosto de 2025 durante la operación Metro Surge, está en licencia administrativa y aún no ha sido detenido; se emitirá una orden de arresto en su contra. Si es condenado, enfrenta de 2 a 20 años de prisión. El agente es presunto inocente hasta que un tribunal decida lo contrario.
¿Qué opinas: deben responder penalmente los agentes federales cuando un operativo deja gravemente herida a una persona que ni siquiera era el objetivo?